Iniciativas de ciberseguridad ciudadana en universidades venezolanas

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En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en un tema prioritario no solo para las empresas y gobiernos, sino también para las universidades y los ciudadanos comunes. En Venezuela, donde los desafíos tecnológicos se suman a una compleja realidad social y económica, distintas universidades del país han comenzado a desarrollar iniciativas de ciberseguridad ciudadana con el objetivo de educar, prevenir y empoderar digitalmente a sus comunidades.

A pesar de las limitaciones presupuestarias y tecnológicas que enfrentan las instituciones educativas venezolanas, ha emergido una ola de innovación impulsada por estudiantes, profesores y centros de investigación decididos a construir una cultura digital más segura. Estas iniciativas no solo se limitan a proteger redes o desarrollar software, sino que buscan sembrar conciencia colectiva, formar vocaciones y crear herramientas de utilidad pública para una ciudadanía cada vez más conectada y, a la vez, vulnerable.

Una de las instituciones que ha liderado esta tendencia es la Universidad Simón Bolívar (USB), a través de su Departamento de Computación y Tecnología de la Información. Desde 2021, estudiantes y profesores han promovido el proyecto “CiberUSB”, una plataforma educativa orientada a la difusión de conocimientos en seguridad digital básica, criptografía, privacidad de datos, y prácticas seguras de navegación. El proyecto incluye charlas abiertas, publicaciones divulgativas, talleres prácticos y colaboraciones con ONG que trabajan en temas de libertad de expresión en Internet.

“En Venezuela, los ciudadanos están expuestos a múltiples amenazas: desde estafas por WhatsApp hasta ataques de phishing por correo o robo de datos en redes Wi-Fi públicas. En muchos casos, la gente no sabe ni siquiera que está siendo víctima de un delito digital. Por eso nuestro enfoque está en la educación preventiva”, explica Mariana Pinto, profesora de la USB y coordinadora de “CiberUSB”.

Además de esta iniciativa, universidades como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de Los Andes (ULA) han creado laboratorios de investigación y extensión comunitaria enfocados en la ciberseguridad. En la UCV, por ejemplo, el Laboratorio de Redes y Seguridad Informática (LARSI) ha venido trabajando desde 2018 en la creación de software libre para la detección de amenazas y la capacitación de estudiantes de ingeniería en técnicas de análisis forense digital.

Lo interesante de estos proyectos es que no solo tienen un enfoque académico. Muchos de ellos están diseñados con un fuerte componente comunitario. Por ejemplo, en la Universidad de Carabobo (UC), el grupo “SeguriRed” trabaja directamente con consejos comunales, asociaciones vecinales y escuelas técnicas para enseñar a jóvenes y adultos mayores cómo proteger sus redes domésticas, reconocer mensajes maliciosos o denunciar delitos informáticos a través de las autoridades competentes.

Una de las iniciativas más destacadas de “SeguriRed” fue el lanzamiento de una aplicación móvil llamada “CiberCuida2”, diseñada por estudiantes de ingeniería de sistemas. Esta app, de código abierto, permite al usuario identificar comportamientos sospechosos en sus dispositivos, recibir alertas sobre posibles fraudes y acceder a guías prácticas para mantenerse seguro en línea. A pesar de las dificultades para su distribución masiva, “CiberCuida2” ha tenido una gran acogida entre docentes, padres y adolescentes que ven en esta herramienta un apoyo fundamental ante el crecimiento del ciberdelito en el país.

El contexto venezolano presenta particularidades que hacen urgente este tipo de iniciativas. El aumento en el uso de redes sociales, la popularización de plataformas digitales para la compra y venta informal, el auge del trabajo remoto y la migración de servicios bancarios a medios electrónicos han ampliado el espectro de riesgos digitales. A esto se suma la escasa regulación efectiva, la baja penetración de software legal, y el limitado acceso a formación especializada en muchas regiones del país.

A pesar de este panorama, hay signos alentadores. Diversas universidades han comenzado a colaborar entre sí para compartir conocimientos, materiales educativos y experiencias exitosas. Así surgió en 2023 la “Red Universitaria por la Ciberseguridad Ciudadana” (RUCC), una alianza interinstitucional conformada por más de 10 casas de estudio públicas y privadas que busca consolidar un marco de acción conjunta. Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo de campañas de concienciación digital, la creación de diplomados en seguridad informática accesibles a toda la población y la publicación de boletines con alertas de seguridad nacionales.

Uno de los frutos de esta red es la creación de una guía práctica llamada “Ciberseguridad para todos: Manual ciudadano para protegerse en Internet”, elaborada por equipos multidisciplinarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), la Universidad Monteávila y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El manual, disponible en formato digital, ofrece consejos en lenguaje sencillo sobre cómo proteger contraseñas, qué hacer ante el robo de identidad digital, cómo evitar enlaces fraudulentos y cómo proteger la privacidad en redes sociales. Además, incluye un glosario de términos y una sección con preguntas frecuentes de usuarios comunes.

En paralelo, también se ha detectado un creciente interés de los estudiantes por especializarse en temas de ciberseguridad. Cada vez son más las tesis de grado orientadas a sistemas de detección de intrusiones, cifrado de datos, análisis de malware o protección de infraestructuras críticas. Las universidades están respondiendo a esta demanda con la creación de nuevas asignaturas optativas, seminarios, hackatones y bootcamps.

La UCAB, por ejemplo, lanzó en 2024 su primer Diplomado en Ciberseguridad Ciudadana, abierto a profesionales de todas las carreras y enfocado en la intersección entre derechos humanos, tecnología y protección de datos. Esta iniciativa ha sido reconocida por organizaciones internacionales que promueven el acceso seguro a la información digital en países en desarrollo.

En cuanto a la colaboración internacional, varias universidades venezolanas han establecido vínculos con centros de investigación en América Latina, Europa y Estados Unidos. Estas alianzas han permitido intercambios académicos, la participación en congresos virtuales y el acceso a materiales de formación que de otro modo no estarían disponibles. Asimismo, algunas ONG extranjeras han apoyado con financiamiento y recursos a las iniciativas de ciberseguridad desarrolladas localmente.

No obstante, los retos siguen siendo grandes. La falta de conectividad estable, la obsolescencia tecnológica, el limitado acceso a licencias de software, y la fuga de talento afectan tanto la formación como la ejecución de estos programas. Además, aún persiste un bajo nivel de conciencia digital en amplios sectores de la población, especialmente en zonas rurales y entre adultos mayores.

A pesar de ello, lo que está ocurriendo en las universidades venezolanas es un ejemplo de resiliencia y creatividad. Jóvenes estudiantes, docentes comprometidos y comunidades enteras están asumiendo el reto de construir una ciudadanía digital más informada, más segura y más crítica. Las iniciativas de ciberseguridad ciudadana no solo protegen datos: también protegen derechos, identidades y proyectos de vida.

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