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En 2025, el panorama económico en Venezuela continúa siendo uno de los principales desafíos para la mayoría de la población. Mientras el país enfrenta una inflación persistente y una economía que aún no logra estabilizarse, el salario mínimo se mantiene muy por debajo del costo de vida, generando un escenario de precariedad para millones de venezolanos. Este artículo analiza las causas de la inflación, el impacto del estancamiento salarial, las medidas gubernamentales tomadas hasta la fecha y lo que realmente puede esperar el ciudadano común para este año.
Un contexto económico marcado por la incertidumbre
La inflación en Venezuela ha sido uno de los factores más determinantes en la pérdida del poder adquisitivo. Aunque en años anteriores se registraron hiperinflaciones que superaban el 1.000% anual, en la actualidad las cifras, si bien más contenidas, siguen siendo alarmantes. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó una inflación acumulada del 63,1% solo en los primeros cuatro meses del año 2025. Abril cerró con una inflación mensual del 18,4%, lo que deja claro que la tendencia sigue siendo ascendente.
Los principales factores que impulsan la inflación en Venezuela incluyen la emisión inorgánica de dinero, la inestabilidad en el tipo de cambio, la baja producción nacional, la dependencia de las importaciones y la escasa confianza de los mercados en las políticas económicas del gobierno. Además, el precio del petróleo —principal fuente de ingresos del país— ha mostrado una volatilidad constante, lo que complica aún más la planificación económica.
El salario mínimo: símbolo de una economía disfuncional
El salario mínimo en Venezuela permanece estancado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, lo que equivale a menos de 4 dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial para junio de 2025. Esta cifra resulta simbólica más que práctica, ya que no permite siquiera cubrir el costo de un kilo de carne o de arroz en muchos casos.
Para compensar esta situación, el gobierno ha instaurado bonos mensuales como el “Bono de Guerra Económica” (120 dólares) y el “Cestaticket” (40 dólares), que se pagan a través del sistema Patria. Sin embargo, estos bonos no son considerados salario formal y por tanto no generan beneficios laborales ni seguridad social. Además, su entrega depende de decisiones discrecionales del Ejecutivo, lo que deja en vulnerabilidad a quienes dependen exclusivamente de estos ingresos.
El ciudadano de a pie: sobrevivir en una economía informal
La mayoría de los venezolanos ha tenido que adaptarse a un entorno económico marcado por la informalidad y la creatividad para subsistir. Muchas personas combinan varias actividades económicas: pequeños comercios, trabajos por encargo, venta de productos caseros, servicios técnicos o remesas recibidas del exterior.
La migración venezolana también ha generado un fenómeno económico particular: el envío de remesas desde países como Colombia, Perú, Chile o Estados Unidos se ha convertido en una fuente vital de ingreso para muchas familias. Se estima que más de 4 millones de hogares venezolanos reciben algún tipo de ayuda financiera del exterior.
Sin embargo, quienes no cuentan con redes familiares en el extranjero están aún más expuestos a la pobreza extrema. Según datos de encuestas realizadas por organizaciones independientes, más del 80% de los trabajadores venezolanos gana menos del equivalente a 100 dólares mensuales, cifra que no alcanza ni para la mitad de la canasta alimentaria básica.
La canasta alimentaria y el costo de vida
De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera ya los 500 dólares mensuales, sin contar servicios básicos, transporte, educación y salud. Esto evidencia una brecha alarmante entre los ingresos reales de los trabajadores y el costo de subsistir.
El acceso a servicios públicos como agua, electricidad, gas y transporte es cada vez más limitado o costoso, ya sea por fallas estructurales o por esquemas de cobro en dólares en muchas regiones del país. Esto ha generado una percepción de que el costo de vivir en Venezuela es, en muchos aspectos, comparable al de países con ingresos mucho más altos, pero sin las condiciones que los respaldan.
¿Qué puede esperar el venezolano en lo que resta de 2025?
Lamentablemente, las perspectivas no son optimistas para la segunda mitad de 2025. La economía venezolana aún no muestra signos de una recuperación estructural que permita la creación de empleos formales bien remunerados, ni el fortalecimiento de la moneda nacional. Además, la presión inflacionaria continúa, alimentada por factores internos y externos como la inestabilidad política, el bajo nivel de reservas internacionales, la falta de inversiones extranjeras y las sanciones internacionales que limitan el comercio.
Muchos analistas coinciden en que sin reformas económicas profundas y coherentes, la situación seguirá deteriorándose. Estas reformas deben incluir una revisión del sistema salarial, la reactivación de la producción nacional, la recuperación de servicios públicos y la creación de condiciones mínimas de estabilidad para atraer inversiones.
Posibles salidas: ¿hay margen para el optimismo?
Aunque el panorama actual es sombrío, algunos especialistas mantienen una postura cautelosamente optimista. Si bien el gobierno ha evitado tomar medidas de fondo, la presión social y política podría forzar la implementación de algunas reformas económicas. La mejora parcial en las relaciones con organismos multilaterales y el sector privado podría abrir una puerta para estabilizar el tipo de cambio y comenzar a ordenar las cuentas fiscales.
Además, el creciente uso del dólar y la dolarización informal de facto han permitido que ciertos sectores, como el comercio y los servicios, mantengan niveles mínimos de operatividad. Esto podría convertirse en una base para futuras reformas, siempre y cuando se integren en un plan económico más integral.
Conclusión
En resumen, el venezolano de a pie enfrenta en 2025 una situación sumamente compleja: su salario no le permite vivir dignamente, la inflación continúa creciendo, y los mecanismos de protección social resultan insuficientes o arbitrarios. Mientras no se realicen transformaciones de fondo en el modelo económico, las expectativas de mejora seguirán siendo modestas. El país necesita políticas responsables, diálogo multisectorial y un plan serio de recuperación que anteponga el bienestar de la mayoría por encima de los intereses partidistas o ideológicos. Solo así podrá comenzar a construirse una esperanza económica real para el ciudadano común.