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En marzo de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. Las conclusiones son contundentes: las violaciones graves no solo persisten, sino que se han intensificado, particularmente en contextos de represión política, detenciones arbitrarias y persecución a la disidencia.
El informe, basado en entrevistas con víctimas, exfuncionarios, testigos y documentos oficiales, ha generado una fuerte reacción en la comunidad internacional, al tiempo que ha sido rechazado y descalificado por el gobierno de Nicolás Maduro, que lo califica como un “instrumento de agresión política”.
A continuación, exploramos los hallazgos principales del informe, su repercusión internacional, la respuesta del gobierno venezolano, y el impacto que podría tener en el escenario político y diplomático.
¿Qué es la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela?
La Misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela desde 2014, año en el que se intensificó la represión contra protestas y manifestaciones opositoras.
Está conformada por expertos independientes y su mandato ha sido renovado periódicamente. A lo largo de estos años, ha documentado miles de casos de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.
El informe de marzo de 2025 es el más reciente y posiblemente uno de los más detallados en cuanto a la estructura de las cadenas de mando y la responsabilidad de altos funcionarios del Estado.
Principales hallazgos del informe 2025
- Persecución política institucionalizada
La Misión sostiene que el gobierno venezolano utiliza estructuras del Estado, como la policía política (SEBIN), el DGCIM y el Ministerio Público, para acosar, vigilar, detener y procesar a opositores políticos, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y militares disidentes. - Uso sistemático de la tortura
Se documentaron nuevos casos de tortura en centros de detención clandestinos y oficiales, incluyendo métodos como asfixia, descargas eléctricas, agresiones sexuales, privación del sueño y aislamiento prolongado. - Falsificación de pruebas y juicios sin garantías
El sistema de justicia penal, en muchos casos, no actúa como un ente independiente, sino como una herramienta del poder político. Los jueces y fiscales operan bajo presiones o instrucciones directas de altos funcionarios del Ejecutivo. - Militarización de la seguridad ciudadana
Se denuncia que unidades militares y paramilitares continúan participando en operativos de represión y control social, especialmente en zonas populares, bajo la excusa de combatir el crimen o el terrorismo. - Violaciones en contextos electorales
Durante los últimos procesos electorales, se han documentado actos de intimidación, violencia política, inhabilitación de candidatos, y uso de recursos públicos para favorecer al partido de gobierno. - Ataques a la libertad de expresión y prensa
Se registran más de 200 casos de censura, bloqueo de medios digitales, amenazas y detenciones de periodistas en el último año, lo cual limita gravemente el acceso a información libre.
¿Qué implica el informe?
Aunque el informe no tiene un carácter judicial vinculante, sí puede servir como base para investigaciones internacionales futuras, incluyendo posibles acciones en:
- La Corte Penal Internacional (CPI), que ya abrió un examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
- Tribunales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Procedimientos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para sanciones o resoluciones contra el Estado venezolano.
Además, el informe refuerza el discurso de países que han promovido sanciones individuales contra funcionarios venezolanos, al tiempo que presiona a otras naciones a no normalizar relaciones con el régimen actual.
Reacciones internacionales
- Estados Unidos y la Unión Europea: expresaron su respaldo al informe y llamaron a mantener la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, incluyendo sanciones y exigencia de elecciones libres.
- Amnistía Internacional y Human Rights Watch: pidieron a la comunidad internacional que no abandone a las víctimas y que se aceleren los mecanismos de justicia internacional.
- Países aliados de Venezuela, como Irán, Rusia, Cuba y Nicaragua, rechazaron el informe por considerarlo “sesgado” y “utilizado políticamente contra un país soberano”.
Organismos multilaterales como la OEA y la CPI han tomado nota de los hallazgos, lo que podría traducirse en nuevas resoluciones o procesos en los próximos meses.
Reacción del gobierno venezolano
El gobierno de Nicolás Maduro desestimó el informe, calificándolo de “infame, parcializado y fabricado por enemigos del país”. Además, aseguró que:
- Los casos de abusos “son manipulaciones sin base legal”.
- La Misión de la ONU “no tiene presencia física en Venezuela ni contacto directo con las instituciones”.
- Se trata de una “campaña para justificar intervenciones extranjeras y desestabilizar al país”.
Desde el Ministerio de Comunicación, se difundió una cadena nacional con testimonios de ciudadanos que respaldan al gobierno y niegan la existencia de represión sistemática, mientras se acusaba a los medios internacionales de “difundir mentiras”.
La voz de las víctimas
Organizaciones como el Foro Penal Venezolano, Provea y Cofavic han recogido cientos de testimonios que confirman los hallazgos del informe. Entre ellos:
- Presos políticos que han pasado años en prisión preventiva sin juicio.
- Activistas torturados tras detenciones arbitrarias.
- Mujeres abusadas sexualmente en centros de detención.
- Familias enteras perseguidas por su afiliación política.
“El mundo no puede mirar hacia otro lado. Las víctimas existimos. Y no estamos dispuestas a olvidar”, afirma Ana María, madre de un joven detenido en 2023 por protestar en Mérida.
¿Qué viene después?
El informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y podría dar pie a:
- Renovación del mandato de la Misión por un año más.
- Mayor presión diplomática sobre el gobierno venezolano.
- Nuevas investigaciones en la CPI si se comprueban patrones sistemáticos.
- Condiciones para que países adopten leyes de justicia universal, como España o Alemania, donde se podrían iniciar procesos contra funcionarios venezolanos.
Conclusión
El nuevo informe de la ONU confirma lo que víctimas, activistas y organizaciones de derechos humanos han venido denunciando durante años: en Venezuela, los derechos humanos son violados de manera sistemática, planificada y con respaldo institucional.
El rechazo del gobierno y su contraataque mediático solo refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia internacional y garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas.
Venezuela necesita verdad, justicia y reparación. Y el mundo tiene la responsabilidad de no callar ante los crímenes que se cometen bajo la excusa de la soberanía.