Washington abofeteó el lunes a tres funcionarios venezolanos –incluyendo a un poderoso ex jefe de inteligencia y delincuente condenado- con sanciones, acusándolos de usar sus posiciones de poder para dirigir un negocio de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Entre ellos se encontraba Pedro Luis Martín Olivares, ex Jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela, hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, Martín Olivares aceptó sobornos de narcotraficantes a cambio de cerrar el radar militar que pudiera rastrearlos. También facilitó envíos de cocaína de Colombia a Venezuela y ayudó a vender las drogas a otras organizaciones de narcotráfico y a funcionarios venezolanos corruptos.
“Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de Martin en materia de narcotráfico y lavado de dinero. La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho están definiendo las características del gobierno de Venezuela”, dijo el secretario de Hacienda, Steven T. Mnuchin, en un comunicado. “Negaremos a los funcionarios corruptos del régimen venezolano el acceso al sistema financiero de Estados Unidos mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad”.
Martín Olivares fue acusado por un gran jurado en Miami en 2015 por intento de tráfico de drogas y uso de una aeronave registrada en Estados Unidos con la intención de distribuir sustancias controladas en Estados Unidos. Y se cree que es una figura clave en el “Cartel de los Soles” – una red de narcotráfico supuestamente dirigida por los actuales y antiguos oficiales militares de Venezuela.
También fueron sancionados en la acción del lunes Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, quienes fueron acusados de trabajar con Martín.
Hacienda también designó 20 compañías en Venezuela y Panamá que están controladas por los tres hombres, y que el gobierno dice que fueron utilizadas para supuestamente blanquear dinero de la droga y la extorsión.
Las sanciones congelan los activos de los hombres y sus empresas en Estados Unidos y, en general, prohíben a los ciudadanos y residentes estadounidenses tratar con ellos.
A partir de 2015, los gobiernos de Obama y Trump han sancionado a más de 60 venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Washington también ha golpeado a Venezuela con amplias sanciones financieras a medida que presiona a la administración Maduro para que retrase las controvertidas y cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo.
